El Oro y la Tierra: Retos del Desarrollo Democrático

Informe de la Misión de observación de la consulta vecinal de Tambogrande, Perú

Por Stéphanie Rousseau y François Meloche ⁽¹⁾

 

Foto - François Meloche

 

El 8 de mayo de 2002, Derechos y Democracia recibió una invitación de la Municipalidad Distrital de Tambogrande a participar en la observación del proceso de consulta vecinal sobre la oportunidad de desarrollo de la actividad minera en la región. La consulta era organizada por las autoridades municipales de Tambogrande, departamento de Piura, al norte del Perú. Esta consulta nació de la voluntad de acabar con la instabilidad que, desde 1999, afecta cada vez más a la población de Tambogrande, debido a que muchos sectores se han opuesto al desarrollo de la actividad minera en su región. A raíz de una ordenanza municipal del 11 de octubre de 2001 creando la consulta vecinal (2) como mecanismo de participación ciudadana en el distrito de Tambogrande, y del decreto municipal del 20 de abril de 2002 que fijaba la fecha de la consulta vecinal para el 2 de junio de 2002, el municipio invitó a observadores nacionales y extranjeros y, entre ellos, Derechos y Democracia.

Derechos y Democracia es una institución canadiense comisionada por el Parlamento de Canadá para velar por el respeto de las normas internacionales en materia de derechos humanos y para promover el desarrollo democrático. Apoya el trabajo de organizaciones de la sociedad civil peruana desde hace muchos años, en las áreas de la educación en derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y, muy recientemente, el trabajo de la Comisión de la Verdad. Además, cuando las elecciones generales de 2000 en el Perú, Derechos y Democracia fue uno de los miembros de la misión conjunta de observación electoral con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

La misión de Derechos y Democracia ha considerado los diversos intereses en presencia, es decir los de los ciudadanos de Tambogrande, los del Estado peruano - autoridad competente para otorgar la autorización de explotación minera, y los de Manhattan Sechura Compañía Minera S.A. (3), propietaria principal de los derechos de concesión minera de Tambogrande. La misión de Derechos y Democracia también ha contemplado las propuestas y actividades de numerosas organizaciones no gubernamentales peruanas, canadienses e internacionales involucradas en el asunto, así como las del Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, principal opositor a la actividad minera. Para conservar su imparcialidad y siendo fiel a la independencia que caracteriza su mandato, Derechos y Democracia envió una misión con sus propios recursos financieros.

El objetivo de la misión era reunir los puntos de vista, opiniones e informaciones concretas de las distintas partes involucradas para analizar los diferentes aspectos del conflicto y observar la consulta vecinal, tomando en cuenta el contexto sociopolítico actual del Perú. La consulta vecinal como mecanismo de participación de los ciudadanos a nivel local fue el punto central en torno al cual la misión articuló su trabajo. No obstante, el presente informe no es un análisis detallado de la observación de la consulta.

La misión estaba integrada por los dos autores del presente informe y trabajó en el Perú entre el 27 de mayo y el 6 de junio de 2002. Los días 27 y 28 de mayo, la misión se entrevistó en Lima con el personal de la sección política, la sección comercial y la de cooperación de la Embajada Canadiense; el Ing. César Polo, Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas; el Sr. Roberto Obradovich, Presidente Ejecutivo de Manhattan Sechura; representantes de la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande, integrada por varias organizaciones no gubernamentales peruanas; el Dr. William Postigo y el Dr. Gerardo Távara de la Defensoría del Pueblo; y el Sr. Fredy Giraldo Rivera, consultor en cuestiones electorales y consejero principal contratado por la municipalidad de Tambogrande para la organización de la consulta vecinal.

Del 29 de mayo al 3 de junio, la misión permaneció en Piura y Tambogrande. Además de los numerosos encuentros informales con ciudadanos de Tambogrande, los miembros de la misión se entrevistaron con Mons. Oscar Cantuarias Pastor, arzobispo de Piura-Tumbes, el Ing. Alfredo Rengifo Navarrete, alcalde de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, el teniente alcalde y los regidores, el Sr. Francisco Ojeda Riofrío, Presidente del Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, los delegados de la asamblea de los dirigentes del Frente, y la Dra. Eugenia Fernán Zegarra, representante del Defensor del Pueblo en Piura. La misión también se entrevistó con el Comité Electoral, autoridad integrada por cuatro ciudadanos de Piura y creada para velar por la aplicación del reglamento electoral de la consulta de Tambogrande, así como numerosos empleados y voluntarios encargados de la organización logística de la consulta y de la capacitación de los ciudadanos que actuaban como miembros de mesa en las mesas de sufragio.

El 2 de junio, día de la votación, ambos miembros de la misión observaron la apertura de las mesas de sufragio, el proceso de votación, el cierre de las mesas y el escrutinio de las cédulas, el traslado de los resultados y del material electoral hacia el centro de cómputo, la entrada de los resultados parciales en el sistema informático y la proclamación oficial por el comité electoral de los resultados finales de la consulta vecinal.

El 5 de junio, la misión tuvo una segunda reunión con el Viceministro de Minas, luego con el Presidente Ejecutivo de Manhattan Sechura, que esta vez venía acompañado del Sr. Charles Smith, Presidente de Manhattan Minerals Corp. Por otro lado se reunió con el Sr. Martín Beaumont, encargado de la oficina peruana de Oxfam Gran-Bretaña. Finalmente, se entrevistó con el Sr. Hugues Réal Rousseau, Embajador de Canadá en el Perú. Estas reuniones permitieron a la misión presentar sus observaciones y formular recomendaciones preliminares.

El presente informe describe en primer lugar y de manera sucinta el contexto político en que se originó el conflicto acerca del proyecto minero en Tambogrande. Luego, sitúa la industria minera en la historia del Perú contemporáneo, el papel y las competencias del Estado peruano en el área minera y el proyecto presentado por la compañía Manhattan Sechura desde el inicio de sus actividades exploratorias en el distrito de Tambogrande. Un resumen de los argumentos y actividades de los promotores y opositores a la actividad minera en Tambogrande, incluyendo al Estado peruano, también permite captar mejor los aspectos del conflicto. De igual forma, se exponen el contexto y los diferentes puntos de vista expresados a propósito de la consulta vecinal, así como los elementos centrales de la observación del proceso de este ejercicio de participación. Finalmente, el informe propone algunas conclusiones y recomendaciones sugeridas por la historia del conflicto en Tambogrande y la realización de la consulta vecinal del 2 de junio pasado.

Introducción

La voluntad de desarrollar una actividad minera en la región de Tambogrande se remonta a 1978, cuando el Estado peruano publicó el decreto N° 22672 por el cual declaraba reserva nacional el distrito de Tambogrande, donde la explotación de los recursos mineros correspondía a los intereses nacionales del país. En aquel entonces, la empresa francesa Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) había sido autorizada para hacer un estudio de prefactibilidad de prospección en Tambogrande. Los esfuerzos del gobierno para establecer una empresa minera en Tambogrande en los años 80 fracasaron en parte porque ya se oponía a ello la población local.

Se planteó nuevamente el tema a finales de los años 90, cuando el 6 de mayo de 1999 el régimen del Presidente Alberto Fujimori publicó el decreto supremo 014-99-EM, por el cual el Estado declara de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera y permite a la empresa canadiense Manhattan Minerals Corp. adquirir 10 derechos de concesiones mineras que cubren un territorio de 10,000 hectáreas en Tambogrande, parte de éste en áreas urbanas y de expansión urbana. El 14 de mayo del mismo año, el decreto supremo 015-99-EM crea la sociedad anónima del proyecto minero de Tambogrande integrada por Manhattan Minerals y Minero Perú, empresa estatal. Manhattan compra a BRGM sus derechos de concesión y estudios preliminares y el Estado peruano le concede derechos de exploración en las 10,000 hectáreas por un período de cuatro años a partir de 6 de mayo de 1999.

El conflicto en Tambogrande se dio en un período de grandes trastornos políticos en el Perú. Entre el otorgamiento de los derechos de concesiones mineras en 1999 y la consulta vecinal de junio de 2002, tres gobiernos se sucedieron. El gobierno del Presidente Fujimori había sido elegido democráticamente en 1990, pero su mandato fue muy marcado por el autoritarismo, como lo mostraron el desmantelamiento de las instituciones democráticas en 1992, las elecciones puestas en tela de juicio en 1995 y 2000, la manipulación de las normas jurídicas para conservar el poder de manera inconstitucional, el control de los principales medios de comunicación, la centralización cada vez mayor y la práctica generalizada de la corrupción, hasta su caída en septiembre de 2000. El gobierno de transición del Presidente Valentin Paniagua llevó el país a nuevas elecciones en abril de 2001, al mismo tiempo que se emprendían reformas y investigaciones sobre los abusos del régimen de Fujimori.

Desde julio de 2001, el gobierno democrático de Alejandro Toledo enfrenta numerosas reivindicaciones sociales y políticas. No por ello deja de llevar a cabo un proceso de reformas institucionales y económicas cuyos principales retos son la descentralización del poder político y administrativo, la reforma del poder judicial, el saneamiento de la función pública y la racionalización de las instituciones públicas, una recuperación económica basada en nuevas privatizaciones y la promoción de las inversiones extranjeras. Las debilidades del sistema político peruano, la gravedad de la crisis económica y las secuelas del régimen de Fujimori en términos de corrupción del aparato de Estado y de crisis de confianza generalizada para con las instituciones públicas afectan el Perú actual y son la trama de fondo donde se juega el futuro de la población de Tambogrande y del proyecto de actividad minera que la concierne.

El proyecto de explotación minera se ubica en el departamento de Piura, cuya actividad económica principal es la agricultura. Antes de los años 50, el valle de San Lorenzo donde se encuentra el distrito de Tambogrande, era una región poco poblada y casi desértica. Entre 1949 y 1959, un proyecto de riego financiado, entre otros, por el gobierno peruano y el Banco Mundial por un monto de US$ 45 millones iba a permitir el desarrollo de la agricultura y acarrear un crecimiento demográfico más importante en el valle. Se produce ahí limón, mango, arroz, algarrobo y otros productos alimenticios para el consumo local, nacional y la exportación. Hoy día, la región produce un 40% de la producción nacional de limón y mango. La mayoría de la población activa del distrito de Tambogrande tiene un empleo directa o indirectamente vinculado con la actividad agrícola. Una estimación evalúa a US$ 12,5 millones el ingreso obtenido por los productores agrícolas de Tambogrande por el limón y en US$ 83,5 millones por el mango, y casi US$ 41 millones (limón) y US$ 106,5 millones (mango) de ingresos en exportaciones para la economía nacional (4).

En noviembre de 1998, la compañía Manhattan formó parte de una misión comercial en el Perú, organizada por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá. Seis meses más tarde, obtenía las concesiones mineras en Tambogrande. Su presencia en la región se remonta sin embargo a 1997, según las autoridades municipales entrevistadas que aclararon a la misión que la compañía ya había empezado a realizar estudios en Locuto, caserío de Tambogrande.

En 1999, cuando se iniciaba la exploración minera en áreas urbanas, una mayor parte de la población se hallaba involucrada de más cerca en las actividades de la compañía. La tradicional oposición a la actividad minera desde hacía años empieza entonces a movilizarse de nuevo y aumenta de manera importante, principalmente bajo el liderazgo del Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, organización de tipo comunal presente en todas las áreas del distrito. Esta oposición se concretó de diversas formas, desde opiniones emitidas en las reuniones organizadas por la compañía para explicar sus actividades, hasta manifestaciones en Tambogrande, Piura e incluso Lima. El apoyo de numerosas organizaciones sociales y no gubernamentales en Piura, Lima y en el extranjero permitió a la oposición popular de Tambogrande hacerse oír y resultar en la organización de la consulta vecinal del 2 de junio de 2002.

La industria minera en el Perú

El Perú es uno de los mayores productores mineros en el mundo, el segundo productor de plata, el tercer productor de zinc, el quinto productor de cobre. El Perú es también el mayor productor de oro, zinc y plomo en América Latina (5).

La producción minera del Perú se incrementó mucho en la última década, a raíz de la privatización de principios de los años 90 y el aumento de la inversión extranjera. Entre 1992 y 1997, la producción total pasó de 30 000 a 100 000 toneladas y el territorio de las concesiones mineras de 4 a 18 millones de hectáreas entre 1992 y 1998 (sólo el 10% de este territorio se está explorando en la actualidad (6). El incremento de la producción de oro fue mucho más elevado en el Perú que a nivel mundial (entre 1990 y 2001, aumentó un 56,4%, pero sólo un 7,8% a nivel mundial) (7).

La industria minera ocupa un lugar importante en la economía peruana. Representa un 47,5% de los ingresos por exportación en 2000 (8). El oro por sí solo es el primer producto de exportación peruano, representando US$ 1,166 millones en 2001. El sector de las minas proporciona 60,000 empleos y las minas artesanales entre 20,000 y 30,000 empleos (9). Para muchos sectores, esta industria representa una de las vías de desarrollo del país, quizá la principal. Como punto de comparación, en 1999, las exportaciones de mineral (cobre, zinc, oro, estaño, plata) representaron US$ 3,000 millones, el petróleo y sus derivados US$ 250 millones, los productos agrícolas US$ 280 millones y los productos de la pesca US$ 600 millones (10). Al menos 45 empresas mineras están operando en Perú, entre ellas más de 15 extranjeras exploran o explotan una mina.

La gran mayoría de las minas operativas se nacionalizaron bajo el régimen militar del Presidente Velasco de 1968 a 1974. La industria minera evolucionó poco entre los años 70 y 1990, fecha en que llega al poder Alberto Fujimori, quien emprendió una vasta política de liberalización y de modernización económica, con la privatización del sector minero y la promoción de las inversiones extranjeras. En 1990, el Estado controlaba el 50% de la producción minera. En 1997, esta proporción era del 15% (11). El actual gobierno del presidente Alejandro Toledo sigue la misma estrategia de desarrollo del sector minero.

Las minas representan una parte importante de los ingresos fiscales del Perú. La mina de Yanacocha por sí sola contribuyó por US$ 56 millones en los ingresos fiscales del Estado peruano en 2000 (12).

El papel y las competencias del Estado en el sector minero

Concesiones y aprobación de la autorización de explotación minera

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es responsable de la gestión de las concesiones mineras, de la aprobación de las actividades de exploración y explotación de las minas y de la aplicación de los reglamentos ambientales relativos a las actividades mineras. Una concesión minera es un derecho de exploración en un territorio delimitado y de explotación de una mina con tal que se respeten ciertas condiciones previstas por la ley, como es el caso de la aprobación de un estudio de impacto ambiental (EIA). Una concesión puede comprarse a un propietario privado que adquirió los derechos en un territorio dado, o al Estado si éste autoriza la creación de una concesión minera y la pone en venta. Poseer una concesión implica pagar anualmente derechos mineros que se calculan en función del tamaño de la concesión.

Antes de emprender la exploración de una concesión, una empresa minera debe recibir la autorización de los propietarios o autoridades municipales, según el lugar donde la perforación esté prevista (propiedad privada, áreas rurales o urbanas). Antes de emprender la fase de desarrollo y de explotación de la mina, la empresa debe proporcionar un EIA realizado por una tercera parte. Una evaluación de los impactos sociales es sugerida pero no requerida por la legislación peruana. A partir del día en que se publica el EIA, el MEM tiene 45 días para aprobar las operaciones de explotación. Durante ese período, el INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales), agencia del Ministerio de Agricultura, revisa el EIA y formula una recomendación que no obliga para nada al MEM, salvo cuando se trata de un proyecto en o cerca de una zona protegida. El MEM organiza entonces una audiencia pública para presentar el EIA y se distribuye un resumen del mismo a los ciudadanos y a los grupos interesados. Éstos pueden hacer llegar sus comentarios relativos al EIA cuando se verifica la audiencia o escribiendo al MEM en un plazo de 15 días después de la audiencia pública. Cuando un EIA queda rechazada, la empresa puede hacer modificaciones y volver a presentarla, siguiendo el mismo mecanismo. Hay que notar que de los EIAs presentados al MEM en el pasado, muy pocos fueron rechazados.

El proyecto minero en Tambogrande

El distrito de Tambogrande, donde vive una población de unos 70,000 habitantes, se encuentra en el departamento de Piura al norte del Perú. La ciudad de Tambogrande, bajo la que se halla uno de los principales yacimientos explorados por Manhattan Sechura, tiene unos 16,000 habitantes.

En 1978, la BRGM, sociedad estatal francesa, descubrió depósitos de mineral en el subsuelo adyacente y bajo la ciudad de Tambogrande. Después de abandonado el proyecto por la BRGM, Manhattan Minerals Corp. adquirió los estudios de factibilidad de éste y 10,000 hectáreas en concesiones mineras (la región en su conjunto cuenta ahora con 90,800 concesiones a diferentes empresas). Manhattan emprendió estudios geofísicos en 1997 y realizó proyectos de exploración durante el verano de 1999 (se perforaron 416 hoyos en nueve regiones). Los resultados de esta exploración confirmaron que existen importantes depósitos de oro y plata bajo una parte de la ciudad de Tambogrande. Además, otros depósitos se descubrieron a 1 km y a 13 km al sur de Tambogrande.

Manhattan Minerals Corporation es una empresa minera canadiense con sede en Vancouver. Varios la califican de empresa "joven". Manhattan explotó una sola mina desde su creación en 1990 (esta mina se encuentra en México y fue vendida en 2001) y su presencia en el Perú se remonta a 1993. Manhattan es una sociedad pública cuyos principales accionistas son fondos de inversiones canadienses y estadounidenses, entre ellos TD Asset Management, State Street Global Advisors, AGF Management (13).

El gobierno peruano puso ciertas condiciones para la explotación de una mina en Tambogrande. El acuerdo firmado en mayo de 1999 entre el Estado peruano y Manhattan Minerals Corp. estipula que una nueva empresa - Empresa Minera Tambo Grande - podrá crearse para explotar la mina si las condiciones impuestas por el gobierno se respetan. Manhattan Minerals Corp. tendrá un 75% de la empresa y Minero Perú, empresa estatal, un 25%. Una de las condiciones es que Manhattan, sola o con un socio, tenga un activo de US$ 100 millones y que la capacidad de tratamiento media de la mina sea de 10 000 toneladas de rocas por día. Otra de las condiciones estipula que la compañía se compromete a utilizar métodos y tecnologías que no afectarán la infraestructura de la ciudad de Tambogrande, ni causarán daño a la población. Los desechos deben colocarse en lugares que no causarán daños a las zonas agrícolas circundantes.

El costo total se estima en US$ 240 millones. Manhattan gastó casi 58 millones hasta ahora en exploración y para adquirir los estudios de factibilidad de BRGM y los derechos de concesiones en Tambogrande. La empresa tenía un déficit de 40 millones en 2001 (14).

El proyecto "Tambo Grande" (TG1 y TG3), que presentó la Manhattan Minerals Corp., contiene los elementos siguientes:

• Tajo abierto afectando una zona total de 750 hectáreas. La mina proyectada requiere la reubicación de unos 8 000 residentes de la ciudad de Tambogrande y la compra de 540 hectáreas de propiedades dedicadas en la actualidad a la producción agrícola. Manhattan afirma que como necesitará el apoyo del Banco Mundial, la reubicación de los habitantes tendrá que respetar los criterios de dicha institución (15).



• En la fase TG3, el proyecto necesitaría la desviación del río Piura.



• Una planta de tratamiento del mineral.



• Un depósito de desmontes.



• Se prevé que la mina de Tambogrande tiene una vida media de unos 10 años (3,5 años para la explotación del oro y la plata y 10 años para el cobre y el zinc).



• Un programa de compensación incluyendo la construcción de residencias para alojar a la población reubicada e inversiones en el desarrollo social y económico de la región, que tomen en cuenta la duración limitada de la mina.

 

Tal como lo prevé la ley, Manhattan debería obligatoriamente presentar al Estado peruano un estudio de impacto ambiental (EIA), preparado por la firma Klohn Crippen Consultants Ltd. Según los dirigentes de la compañía, este estudio respetará las normas ambientales y sociales establecidas por el Banco Mundial en el marco de su Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones-OMGI (Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA). Durante la estancia de la misión, la compañía y el gobierno peruano preveían que el EIA estaría terminado a principios de julio de 2002. Se supo después que la presentación del proyecto se posponía hasta agosto, debido a que la compañía quería que lo revisaran expertos del Banco Mundial responsables de la aplicación de las normas del OMGI.

Manhattan estima que la explotación generará los beneficios siguientes para la población y el Estado peruano:

• US$ 200 millones de ingresos fiscales y regalías cobradas por el gobierno durante la explotación de la mina.



• 400 empleos permanentes durante la existencia de la mina.



• 1,500 empleos durante la construcción de la mina.



• 1,000 empleos para la construcción de las nuevas residencias.



• El 50% de los empleos se ofrecerán a la población local de Tambogrande.

 

Las iniciativas de Manhattan Minerals Corp. en sus relaciones con la comunidad

Según el MMSD, proyecto financiado en parte por las mayores compañías mineras multinacionales, "las empresas deben actuar como si fuera obligatorio tener la aprobación de la comunidad antes de conseguir el acceso a un territorio, incluso si la ley no lo exige" (16). En el caso del Perú, sólo el gobierno nacional puede dar o negar el acceso al subsuelo. En las conversaciones sostenidas por la misión con el Viceministro de Minas y con los presidentes de la compañía, resultaba claro que el consentimiento de la población era una condición previa al establecimiento de la mina.

La política de Manhattan compromete la compañía a " participar en el desarrollo social, económico e institucional de las comunidades circundantes a sus proyectos y asegurar la plena participación de la comunidad en el financiamiento y la implementación de los proyectos de desarrollo." Manhattan emprendió varias iniciativas de relaciones con la comunidad y de promoción del proyecto a todo lo largo de los trabajos de exploración y de estudio del impacto ambiental. Según un informe que nos hizo llegar la compañía, ésta ya gastó en total US$ 1 457 849 en unos 50 diferentes proyectos socioeconómicos en Tambogrande y Piura, desde campañas de alfabetización hasta la construcción de un pozo, pasando por la compra de una antena parabólica y de equipo para el canal televisivo de Tambogrande y el financiamiento de un curso de preparación preuniversitario para cientos de estudiantes de la región. Notemos que más de US$ 800 000 de este total se pagaron con el trabajo manual efectuado por los habitantes de Tambogrande durante las fases de exploración realizadas por Manhattan.

Como lo demuestra el ejemplo de Antamina, la mayor mina actualmente en operación en Perú, el EIA de Manhattan debería indicar los montos y cronogramas de las inversiones previstas para el desarrollo económico y social a largo plazo en la región. En efecto, el EIA de Antamina, presentado en 1998, prevé como compromiso la inversión de US$ 6,300,000 en 3 años en el desarrollo social y económico local. El EIA debería también incluir propuestas claras sobre las modalidades y cantidades de dinero previstas para la compra de tierras y propiedades necesarias para la instalación de la mina, así como la compensación financiera y material ofrecida a los ciudadanos de Tambogrande que resultarían directa e indirectamente afectados por las operaciones mineras.

He aquí la cronología de las principales iniciativas de Manhattan para con la comunidad, además de los recursos invertidos en el desarrollo social:

• Según Manhattan, antes de emprender la exploración en 1997, tuvieron lugar consultas con los residentes de las comunidades de Locuto y de Tavara, donde se llevó a cabo la primera fase de exploración. Sin embargo, según algunos miembros del Concejo Municipal de Tambogrande, la exploración habría empezado antes de que se hubieran negociado acuerdos. Además, según ellos, el Concejo Municipal que ejerce su jurisdicción sobre todo el distrito debería haber sido consultado. Se firmaron acuerdos con ciertos dirigentes y propietarios de terrenos de las comunidades rurales donde tenía lugar la exploración sin informar oficialmente al Concejo.



• En mayo de 1999, Manhattan entabló discusiones con el Concejo Municipal para empezar la exploración en áreas urbanas. El 18 de noviembre de 1999, en virtud del decreto N° 010-99-MDT, el alcalde autorizó la exploración en las áreas urbanas de Tambogrande, que duró unos meses.



• Hacia mediados de 2000, Manhattan empezó a hablar de la cuestión de la reubicación de la tercera parte de las viviendas de la ciudad de Tambogrande. Según algunos miembros del Concejo Municipal, la empresa les había comunicado un plan inicial que reubicaba todo el pueblo, un plan que se modificó seis meses después para limitarse a la tercera parte del pueblo. Los dirigentes municipales lamentan mucho ese período de incertidumbre.



• En otoño de 2000, Manhattan construyó seis casas como modelos para mostrar a qué podrían parecerse las casas de los habitantes que serían eventualmente desplazados debido a la construcción de la mina.



• Hacia finales de 2000, Manhattan organizó sesiones de información sobre la reubicación. Manhattan afirma que el 70% de la población de la ciudad estaba representado a través de los habitantes que participaron en las sesiones. Desde 2001, y siempre según la compañía, ésta dio 25 talleres de información en los cuales participaron 600 residentes.



• Manhattan distribuyó documentos de información a los miembros de la comunidad, y en particular un boletín mensual durante más de un año.



• Entre el 27 de enero y el 7 de abril de 2002, el presidente de Manhattan redactó cartas semanales para los ciudadanos de Tambogrande. Estas cartas se publicaron en un periódico importante del departamento de Piura (El Correo), así como en el sitio Internet de la compañía.



• Manhattan pagó el viaje a Chile de algunos dirigentes de Tambogrande, entre ellos el alcalde y el presidente del Frente de Defensa, para que visitaran la mina Candelaria cerca de Copiapo, y demostrar que agricultura y actividad minera podían convivir.

 

La oposición al proyecto

La oposición popular, que fue creciendo en Tambogrande en los últimos años se sitúa a dos niveles: una oposición a las actividades mineras en general y una oposición a la presencia y formas de proceder de la compañía Manhattan Sechura, que llevaron a una situación de tensión tal que la compañía tuvo que cerrar sus oficinas en Tambogrande.

Hay que aclarar que, según lo opinado por varios, hubo irregularidades en el otorgamiento por parte de las autoridades gubernamentales de las concesiones mineras a Manhattan, en particular en lo que se refiere a las concesiones en las áreas urbanas y de expansión urbana. La obligación de consultar la municipalidad provincial y la municipalidad distrital sobre la viabilidad de las actividades de exploración en estas áreas es un requisito previsto por la ley 27015 que reglamentaba las concesiones mineras en áreas urbanas y de expansión urbana en el momento en que se las concedieron a Manhattan Minerals Corp.. No se respetó esta etapa previa al otorgamiento de las concesiones, que se hizo mediante decreto supremo presidencial en mayo de 1999. Pero las autoridades municipales de Tambogrande no habían terminado los trámites administrativos de identificación de áreas urbanas y de expansión urbana antes de otorgarse las concesiones.

La oposición en Tambogrande se fundamenta, entre otras cuestiones centrales, en los mecanismos y el lugar reservado a la población local en la toma de decisión relativa a) al otorgamiento de las concesiones mineras en un territorio habitado, cultivado y con varios títulos de propiedad privada; b) al derecho y las modalidades para efectuar trabajos de exploración en la zona; c) al derecho de implementar actividades de explotación minera, entre ellas la construcción de una mina y otras instalaciones necesarias para la extracción minera.

Para los opositores, este proyecto es un instrumento para cambiar el modelo del desarrollo de la región y pasar de la agricultura a la explotación minera - lo que niega la compañía, afirmando que la agricultura puede convivir con la actividad minera. Además de las consecuencias directas e indirectas del desarrollo de las actividades mineras sobre la agricultura, los opositores expresan sus temores de que surjan problemas sociales importantes, como los que hay en diferentes zonas mineras del Perú, un riesgo de contaminación de diversos recursos naturales y pocos beneficios económicos reales para la población local, a corto y largo plazo.

Las principales críticas formuladas por los opositores al proyecto

El principal temor observado es que la región se convierta en una zona mineral industrial en detrimento de la agricultura y que el proyecto de Manhattan, " Tambo Grande ", no sea más que el principio de una amplia transformación de Tambogrande e incluso del departamento de Piura en su conjunto.

En mayo de 2001 (17), el geólogo Robert Moran evaluó un estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto Tambo Grande, que Manhattan dio a conocer en julio de 2000. Fueron Oxfam América, el Mineral Policy Center y el Environmental Mining Council de Colombia Británica quienes pagaron el estudio del Sr. Moran. Sr. Moran notó varias lagunas en el estudio preliminar. También demostró que la mina proyectada podría acarrear una disminución del nivel de las aguas superficiales y subterráneas que son necesarias para la agricultura; contaminar la capa freática debido al fenómeno del drenaje ácido minero; y hacer correr el riesgo de un desastre ecológico relacionado con el Niño, un fenómeno que genera lluvias torrenciales en la región cada tres o cuatro años.

Los temores en cuanto al medio ambiente tienen una dimensión económica directa debido a la importancia de la agricultura en Tambogrande. Las previsiones presentadas por la compañía no permiten prever una ganancia neta en términos de empleos para la población local, ya que un número importante de empleos agrícolas se encontrarían directamente afectados por el establecimiento de una mina y que un número imprevisible podría ser eliminado a medio y largo plazo a causa de los riesgos de contaminación y de erosión.

A nivel nacional, también hay que considerar el hecho de que la producción agrícola cubre solamente el 2,9% del territorio peruano (3 730 000 hectáreas y el potencial agrícola es de 7 000 000, según el Instituto Nacional de Recursos Naturales). El PIB agrícola aumentó un 19% entre 1980 y 1990. Según varios expertos, las experiencias existentes en otras partes del mundo donde cohabitan agricultura y actividad minera en una misma región (entre otras la mina Martha Hill en Nueva-Zelanda) son demasiado pocas y recientes como para que se puedan sacar conclusiones en forma adecuada sobre su viabilidad a largo plazo.

Además, los ingresos del Estado que se reinvertirían directamente en la región de Tambogrande, a través del gobierno regional de Piura, son poco atractivos para la población de Tambogrande, dado lo ocurrido en otras regiones mineras del Perú donde, en los últimos años, la pobreza aumentó en lugar de disminuir.

Los principales acontecimientos del conflicto

El Frente de defensa de Tambogrande es una organización popular, de estructura piramidal, integrando a delegados elegidos por consenso en diez zonas del distrito de Tambogrande, incluyendo 180 caseríos, y delegados de las áreas urbanas. La asamblea de los dirigentes del Frente se elige cada año y una asamblea general pública constituida por la población de Tambogrande en su conjunto elige a su presidente. Según los dirigentes del Frente entrevistados, el otorgamiento a Manhattan de la concesión minera y de los derechos de exploración no se debatieron en Tambogrande y resultó para los dirigentes una sorpresa el enterarse de la presencia de la compañía. El Frente reprocha al Sr. Rengifo, alcalde de Tambogrande, el haber firmado la ordenanza municipal que permitió a la compañía hacer exploraciones en la ciudad de Tambogrande, sin consultar a la población. A partir de 1999, el Frente decidió organizar la resistencia en contra del proyecto minero.

Las principales críticas formuladas por el Frente contra la compañía Manhattan indican la no observación de ciertos compromisos verbales y escritos de la compañía para con la comunidad. Se le reprocha no haber solicitado la autorización de las autoridades de la comunidad antes de entrar en los caseríos y empezar sus obras. Se le reprocha haber hecho promesas de inversión en la comunidad, por ejemplo la construcción de un centro deportivo, pero que no cumplió todas, o modificando algunas en el camino.

Uno de los problemas importantes tiene que ver con la cuestión de la reubicación de la población que habría que desplazar para construir la mina. Los dirigentes del Frente reprochan a la compañía no haber presentado un plan claro y detallado a la comunidad, sembrando así la incertidumbre. La construcción de casas modelos por la compañía para mostrar cuál sería una de las formas de compensación por la reubicación suscitó la ira de varios habitantes más que su interés.

Asimismo, el plazo de más de tres años transcurrido desde el inicio de la exploración, sin que el estudio de impacto ambiental haya sido presentado, alimentó las especulaciones, los temores y la desconfianza de la población en cuanto a las consecuencias materiales ambientales, sociales y económicas del proyecto de Manhattan Sechura.

Durante ese período, el Frente se reunió varias veces con los representantes de la compañía, y una vez con el presidente de aquel entonces, el Sr. Graham Clow, el 12 de junio de 2000. En esta reunión, se firmó un documento donde la compañía reconocía al Frente como "un interlocutor natural y legítimo" y se comprometía a "respetar las decisiones de la población que surgirían del proceso de diálogo a mantener a partir de este momento". Además, la compañía se comprometía a abandonar las demandas judiciales que existían entonces contra ciertos dirigentes del Frente.

A principios de 2001, frente a las preocupaciones de gran parte de los tambograndinos, el alcalde cambió de postura y reunió las firmas de unos 28,000 ciudadanos (el 75% del electorado) de Tambogrande, pidiendo la cesación de las actividades que tenían como objetivo el establecimiento de una explotación minera en la región y que se fuera Manhattan. Esta petición se presentó al Congreso Peruano, así como a varias instituciones públicas, pero no recibió la atención del Estado.

La situación se ha polarizado considerablemente a partir del mes de febrero de 2001. El 16 de febrero, el Concejo Municipal se comprometió, a través de su resolución N° 006-2001-MDT-CM, a "hacer cumplir la voluntad de inconformidad de los pobladores en torno a las pretensiones del Gobierno Central de autorizar la explotación minera en el Distrito de Tambogrande". Algunos días después, los 27 y 28 de febrero de 2001, una concentración convocada por el Frente reunió a miles de habitantes de Tambogrande para pedir que se vaya Manhattan de la región.

En las áreas urbanas del distrito, la manifestación se convirtió en un enfrentamiento con los 300 policías apostados para proteger las instalaciones de la compañía. Quince habitantes y veinticinco policías resultaron heridos y muchos habitantes fueron detenidos. Luego, en la noche, individuos no identificados, incendiaron las casas modelo construidas por Manhattan, cometieron actos de vandalismo en las oficinas de la compañía y de una empresa subcontratista de Manhattan y destruyeron equipos y material de la compañía. Los daños se calcularon en unos US$ 600,000. Los dirigentes del Frente están acusados de responsabilidad intelectual por los daños sufridos (18).

Frente a la imposibilidad de garantizar la seguridad de sus oficinas y equipos, la compañía aceptó, a petición del gobierno peruano, retirarse del distrito de Tambogrande. Sin embargo, la compañía no renunció a sus planes de seguir adelante con su proyecto de desarrollo minero.

Un mes después de la resolución del Concejo Municipal y dos semanas después de los acontecimientos violentos, o sea el 16 de marzo de 2001, el alcalde de Tambogrande firmó un decreto en el cual anulaba el decreto que había firmado en 1999 autorizando Manhattan a explorar dentro de las áreas urbanas y de expansión urbana de Tambogrande.

El asesinato de Godofredo García Baca, un líder de la comunidad, el 31 de marzo de 2001, por motivos que todavía no se han aclarado en gran parte debido a la fuga del principal sospechoso, contribuyó al clima de tensión y de desconfianza de los habitantes de Tambogrande,. En efecto, el Sr. García Baca había demostrado su oposición al proyecto minero en numerosas oportunidades en asambleas públicas y reuniones con los representantes de la compañía minera. Después de su asesinato, el Frente de Defensa lo convirtió en una figura simbólica de su lucha contra la compañía minera.

A partir de los acontecimientos de febrero de 2001, el arzobispo de Piura, Mons. Oscar Cantuarias, se declaró públicamente en contra del proyecto minero e instó a la población a que respetara el orden público y el derecho de los ciudadanos a vivir en paz. Desde entonces, ningún acto de violencia se ha cometido y el Frente de Defensa organizó incluso una marcha pacífica el 28 de noviembre de 2001, en la ciudad de Piura, reuniendo a unas 5,000 personas.

Desde el principio de su oposición a Manhattan, la reputación de los dirigentes del Frente fue varias veces puesta en tela de juicio y se enfrentaron a actos de difamación y acusaciones en los medios de comunicación de Piura. Lo que el Frente califica de " guerras sucias " tiene como objetivo convencer que habría un vínculo entre el Frente y organizaciones terroristas o sencillamente denunciar supuestas prácticas de intimidación dentro de la población de Tambogrande (19). El presidente del Frente de Defensa, el Sr. Francisco Ojeda Riofrío denunció además las amenazas contra su hija por parte de individuos que habrían aludido claramente a su papel en la campaña de oposición al proyecto minero.

El apoyo al Frente de Defensa de Tambogrande: hacia una consulta vecinal

El apoyo de muchas organizaciones sociales y no gubernamentales de la región de Piura y otras con base en Lima o en el extranjero permitió a la oposición hacerse de algunas herramientas importantes para sustentar sus críticas contra el proyecto de actividad minera en Tambogrande, propuesto por la compañía Manhattan Sechura. Ya desde principios del año 2000, las organizaciones siguientes integraron la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande: Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Labor, Eco, Fedepaz, Asociación pro derechos humanos (APRODEH), Coordinadora nacional de derechos humanos del Perú (CNDDHH), Cooperacción, CEPES, Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura. La CONACAMI (Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería), joven organización peruana reuniendo a grupos que representan comunidades afectadas por actividades mineras, apoya también el Frente de Defensa de Tambogrande.

Algunas de estas organizaciones no gubernamentales nacionales son de las más respetadas en el Perú y su voluntad de subrayar la importancia de la participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan el desarrollo de su comunidad explica los esfuerzos que han invertido en su apoyo al Frente de Defensa de Tambogrande. Además, la revisión del marco normativo y administrativo para las inversiones y la utilización de los recursos naturales forma parte de los objetivos de varias de estas organizaciones, así como la denuncia de las violaciones de los derechos humanos.

Gracias a la ayuda financiera de algunas organizaciones no gubernamentales internacionales, principalmente Oxfam Gran Bretaña y Oxfam América, el estudio del impacto ambiental del experto Robert Moran se realizó y publicó en agosto de 2001, aportando argumentos científicos y técnicos para demostrar los riesgos que representaría la operación minera. Las organizaciones de la Mesa Técnica efectuaron otras actividades de sensibilización y educación, en particular la campaña para el NO en el contexto de la consulta vecinal - impresión de carteles y material de promoción, cuñas publicitarias, reuniones públicas y movilización, representaciones ante los líderes de opinión en Tambogrande, Piura y Lima, la coordinación con redes internacionales de apoyo.

Tanto el alcalde de Tambogrande como los dirigentes del Frente de Defensa afirman haber lanzado primero la idea de una consulta vecinal para conocer la opinión de la población de Tambogrande respecto al proyecto de desarrollar una actividad minera en su región. Esta propuesta, que se ha precisado en la segunda mitad del año 2001 y en 2002, respondía a la urgencia de encontrar un mecanismo mediante el cual la oposición muy fuerte de buena parte de la población se pudiera expresar de manera pacífica.

Con la ordenanza municipal Nº 012-2001-MDT-C y el acuerdo del Concejo Municipal Nº 020-2001-MDT-CM del 11 de octubre de 2001 se aprobó la consulta vecinal como mecanismo de participación de los ciudadanos del distrito de Tambogrande. Las leyes siguientes, entre otras, se invocan para fundamentar la legitimidad y la legalidad de la consulta vecinal:

 

La resolución del 11 de octubre de 2001 del Concejo Municipal especifica que los ciudadanos deberán responder negativa o afirmativamente, por sufragio, a la pregunta siguiente: "¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera en las áreas urbanas, de expansión urbana, agrícola y de expansión agrícola del distrito?" La resolución pide también al organismo electoral nacional peruano, la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) que organice la consulta vecinal.

La consulta vecinal de Tambogrande es algo que sucede por primera vez en el Perú como mecanismo permitiendo que la población exprese su opinión sobre el desarrollo de actividades mineras en su región.

La reacción del Estado y la iniciativa de diálogo:

En cuanto la municipalidad decidió crear el mecanismo de consulta vecinal, el nuevo gobierno de Alejandro Toledo reaccionó con la implementación de una iniciativa de diálogo bajo la égida de la oficina del Defensor del Pueblo, dirigida por el Dr. Walter Albán Peralta. La Defensoría del Pueblo es una institución que goza de mucha credibilidad dentro de la población peruana por su integridad e independencia. El 15 de octubre de 2001, la Dra. Eugenia Fernán Zegarra, representante del Defensor del Pueblo en Piura, invitó a 18 representantes de diversos sectores de Tambogrande, entre ellos al alcalde y a tres dirigentes del Frente de Defensa, a una reunión con el Ing. Jaime Quijandría Salmón, Ministro de Energía y Minas, y el Ing. Álvaro Quijandría Salmón, Ministro de Agricultura.

La reunión se verificó el 21 de octubre de 2001 y duró seis horas. Durante la discusión, el gobierno formuló una propuesta que presentó luego a la población en una carta entregada al Defensor del Pueblo el 25 de octubre de 2001. En su carta, el gobierno a) reconocía la importancia de mantener un espacio de diálogo entre la sociedad civil de Tambogrande y el gobierno, para llegar a un consenso en beneficio de la región, de Piura y del país en general; b) reafirmaba su posición en cuanto a la necesidad de recibir el EIA para disponer de una información técnica detallada y así completar su evaluación de los impactos del proyecto Tambo Grande sobre el medio ambiente y las comunidades locales. Especificaba que el trabajo en el terreno, necesario para completar el EIA, se estimaba en unos cuatro meses; c) proponía contratar a un grupo de especialistas nacionales e internacionales o una firma de consultores seleccionados por la sociedad civil de Piura para que el EIA sea revisado y analizado de manera independiente, paralelamente a la evaluación por parte del gobierno.

El gobierno aclaraba que sobre la base de estas informaciones y análisis técnicos, la población de Tambogrande podría pronunciarse siguiendo los mismos criterios que los previstos por la legislación actual, que exige la organización de audiencias públicas en el marco de la revisión del EIA. Además, el gobierno subrayaba que su propuesta iba en el sentido de la recomendaciones formuladas por Robert Moran en su informe de agosto de 2001. Después de leerse las recomendaciones del informe Moran, resulta que sólo una fue integrada en la propuesta del gobierno, que es la recomendación según la cual la población y las autoridades competentes deben enterarse del EIA antes de poder pronunciarse. En efecto, por lo que respeta a la necesidad de proporcionar a la población local los medios para estudiar la evaluación de impacto independiente, tal como lo recomendaba el Dr. Moran, el gobierno optó más bien por una revisión independiente del EIA realizado por la firma de consultores que contrató Manhattan Sechura.

El 28 de diciembre de 2001, el Defensor del Pueblo se dirigió al Ministro de Energía y Minas para anunciarle que la mayoría de los representantes de Tambogrande convocados a la mesa de diálogo le había comunicado, después de examinar la propuesta del gobierno, que preferían que se realizara primero y ante todo la consulta vecinal. Todos los actores convocados, salvo los representantes del Frente de Defensa, declararon que estaban dispuestos a seguir el diálogo con el gobierno. El Frente de Defensa, por su parte, se retiró oficialmente del proceso de diálogo el 8 de enero de 2002, invocando que, en última instancia, dicho proceso tenía como propósito el de completar y evaluar el EIA, lo cual significaba que el proyecto minero seguía en pie, lo que era contrario a los objetivos del Frente.

El gobierno envió después a dos altos funcionarios del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas para presentar en Piura más detalles sobre su propuesta inicial. El comunicado del 13 de febrero de 2002 mencionaba las precisiones siguientes: a) se contrataría a una empresa internacional reconocida y aceptada por la sociedad civil de Piura para supervisar la última etapa del EIA, evaluar el contenido del EIA y hacer un informe que sería presentado y explicado a los ciudadanos de Tambogrande y de Piura en reuniones y talleres, antes de realizarse las audiencias públicas; b) participarían representantes de la sociedad civil en calidad de observadores en el proceso de recolección de datos para terminar el EIA; c) se organizarían tres audiencias públicas en la provincia de Piura y el gobierno comunicaría luego a la población las respuestas de la compañía minera a las observaciones de los ciudadanos y de las autoridades sectoriales sobre el EIA.

Por un lado, el gobierno especificaba asimismo que la compañía minera tenía la obligación de contestar de manera satisfactoria todas las observaciones formuladas durante las audiencias públicas por la autoridades sectoriales y los ciudadanos. Por otro lado, entre los términos de referencia del EIA exigido a Manhattan y elaborados por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Agricultura se menciona la contribución de las actividades mineras al desarrollo de la región, los beneficios directos para las demás actividades económicas de la región, las formas de participación ciudadana, así como las compensaciones y los medios de prevención de los impactos negativos de la actividad minera sobre la población y el medio ambiente.

Finalmente, el gobierno exponía claramente su oposición a la organización de la consulta vecinal por la Municipalidad Distrital de Tambogrande, invocando que no se trataba del mecanismo previsto por el marco legal aplicable para la aprobación o el rechazo de un proyecto minero. Tampoco se trataría, según el gobierno, de un mecanismo apropiado para tal proceso y ciertas declaraciones del gobierno dieron a entender más adelante que la consulta vecinal no era un proceso democrático, ya que la población de Tambogrande no había tenido acceso a toda la información técnica y científica que le permitiera juzgar las ventajas y los costos relacionados con el proyecto presentado. Como la consulta vecinal no es un mecanismo con carácter vinculante, no iba a permitir solucionar el problema del conflicto en torno del proyecto minero de Tambogrande.

La consulta vecinal: contexto y observaciones

Las propuestas del gobierno no detuvieron la planificación de la consulta vecinal por parte de las autoridades municipales. La consulta vecinal del 2 de junio de 2002 se llevó pues a cabo en un contexto político tenso. Las autoridades municipales de Tambogrande invocaron sus responsabilidades en materia de planificación del desarrollo para consultar a la población en cuanto a su voluntad de que se instalara o no una mina en su región. Recordaron también la necesidad, para que la actividad minera pudiera desarrollarse, de verificar que contara con el aval de la opinión popular.

De las conversaciones sostenidas con las autoridades y la población de Tambogrande, resultaba evidente que la consulta vecinal se percibía como el único medio legítimo y creíble para que la población en su totalidad pudiera expresarse, de manera pacífica y transparente.

Sobre esta base, la organización no gubernamental de desarrollo internacional Oxfam Gran Bretaña decidió apoyar con US$ 20,000 la realización de la consulta vecinal. Después de tratar de discutir sin éxito con la ONPE, órgano electoral nacional, y con Transparencia, principal organización no gubernamental de observación electoral peruana, sobre la organización técnica y logística de la consulta vecinal, la municipalidad confió esta tarea al Sr. Fredy Giraldo Rivera, consultor en materia electoral, que tiene una sólida experiencia de trabajo en el área, tanto en Transparencia como en la ONPE (20).

La pregunta planteada a la población sobre la cédula era la misma que la especificada en la resolución del Concejo Municipal. La formulación de la pregunta reflejaba la intención del Concejo Municipal de generar una opinión tajante, es decir el rechazo o la aceptación de la actividad minera en general en todo el distrito, ya que no había más que una pregunta abarcando diferentes áreas del distrito.

La estructura establecida para la organización de la consulta

El Sr. Giraldo redactó el reglamento electoral que el Concejo Municipal de Tambogrande aprobó e implementó bajo la vigilancia de un comité electoral integrado por cuatro ciudadanos de Piura. Este comité, creado especialmente para asegurar el respeto de las reglas de la consulta vecinal de Tambogrande era la autoridad suprema en materia de procedimientos electorales, recepción de quejas y publicación de los resultados finales de la consulta. El Sr. Giraldo escogió a estos cuatro ciudadanos entre más de un centenar que entrevistó, tomando en cuenta los criterios siguientes: los miembros del comité debían tener un nivel de enseñanza superior al promedio; ser profesionales, en la medida de lo posible; no tener ningún vínculo personal ni de negocio en Tambogrande; no haber formulado nunca ninguna opinión en público sobre la cuestión del proyecto minero de Tambogrande.

Además del Sr. Giraldo y del comité electoral, la estructura establecida comprendía coordinadores de capacitación e información electoral, que eran estudiantes de la Universidad de Piura. Debían capacitar a oficiales electorales responsables de las mesas de sufragio, que eran los mismos ciudadanos que habían sido miembros de mesa en las elecciones generales de 2001. Los coordinadores también debían actuar como responsables de los locales de votación, que eran seis. Durante el período antes del día de la votación, los coordinadores debían realizar varias actividades de información para la población de Tambogrande respecto a los reglamentos y procedimientos establecidos para la consulta vecinal.

El material electoral, de cuya producción era responsable el Sr. Giraldo, correspondía en gran medida a los estándares vigentes en las elecciones nacionales peruanas. Se utilizó el padrón electoral oficial, permitiendo así que todos que los ciudadanos inscritos cuando las elecciones de 2001 ejercieran su derecho de voto en el marco de la consulta. Las reglas de funcionamiento de las mesas de sufragio eran también en gran medida similares a las de las elecciones generales de 2000 y 2001.

El reglamento electoral permitía la constitución de dos grupos para promover las dos opciones entre las cuales los ciudadanos iban a tener que pronunciarse, es decir la opción por el SÍ y la opción por el NO. El reglamento no mencionaba nada sobre los recursos financieros desplegados para ambas campañas. Era permitido hacer campaña hasta 48 horas antes de la apertura de los locales de votación. La publicidad de las campañas a favor del SÍ y del NO era prohibida en las instituciones públicas.

Sólo quedó oficialmente inscrita en el comité electoral la campaña del NO, ya que ningún individuo ni grupo había solicitado el derecho de hacer campaña a favor del SÍ. La campaña del NO fue llevada principalmente por el Frente de Defensa, con el apoyo de las organizaciones de la Mesa Técnica, incluyendo el apoyo financiero de Oxfam Gran Bretaña. La compañía Manhattan Sechura había sido informada por el Sr. Giraldo, en una reunión entre él mismo y el presidente ejecutivo, sobre las modalidades de la consulta vecinal y había rechazado la invitación de participar para presentar la opción del SÍ. Los argumentos de la compañía eran que la población no disponía todavía de la información contenida en el EIA y que, por ello, era susceptible de ser manipulada por diversos intereses políticos o ideológicos, en lugar de pronunciarse en base a una información técnica. Los representantes de la compañía alegaban también que la población había sido inducida en error por ciertos líderes que pretendían que una victoria del NO en la consulta vecinal permitiría acabar con el proyecto minero, cuando desde un punto de vista legal, la consulta no era vinculante.

Puede uno lamentar el hecho de que ninguna campaña oficial para el SÍ haya tenido lugar, la presentación de las dos opciones siendo de lo más deseable. El clima de polarización era tal que incluso el arzobispo de Piura, Mons. Cantuarias, tuvo cierta dificultad en dirigir el debate que él mismo había convocado, entre el Sr. Américo Villafuerte, gerente general de Manhattan Sechura, y un biólogo de Piura reconocido por su oposición al proyecto de mina. Menos de dos semanas antes de la votación, el debate que tenía lugar en la ciudad de Tambogrande se desarrolló en un clima de gran tensión y bajo el abucheo de buena parte de los asistentes. La misión pudo observar que el clima de tensión era tal que no resultaba fácil para los ciudadanos de Tambogrande que hubieran querido eventualmente manifestarse abiertamente a favor del proyecto minero hacerlo, dada la fuerza de la oposición.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que representa las empresas mineras activas en el Perú, emitió un comunicado el día anterior a la consulta vecinal, en el cual denunciaba la manera como los promotores del NO oponían agricultura y actividad minera de manera irreconciliable. Denunciaba también la manipulación y la intimidación que, según ella, había imperado en Tambogrande para influenciar la opinión y el voto de la población. Finalmente, pedía al Estado que garantizara la observación del orden jurídico que rige las inversiones privadas.

Sin embargo, hubo cierta campaña a favor del SÍ - o contra el NO - sin que se pudiera identificar a sus promotores. Algunas publicidades aludiendo al SÍ fueron publicadas en el periódico El Correo de Piura de manera anónima; un volante anónimo se distribuyó en el cual se calumniaba a ciertos líderes de la campaña a favor del NO, una falsa cédula incitaba a la población a votar " no sé ", opción que no aparecía en la cédula oficial. Las dudas sobre la identidad de los promotores alimentaron la oposición a la compañía minera, que fue la primera sospechada de financiar estas publicidades anónimas, aunque no se aportó ninguna prueba en este sentido.

La campaña a favor del NO fue apoyada por numerosos carteles y manifestaciones espontáneas u organizadas. Los promotores del NO también habían organizado a todo un equipo para el día de la votación, incluyendo a personeros para vigilar el proceso en cada mesa de sufragio, tal como lo permitía el reglamento electoral.

La observación del día de la votación (21)

El día de la votación se desarrolló de manera normal y pacífica. Ocho observadores de Transparencia-Piura, tres del Instituto de Estudios Electorales, y unos diez observadores internacionales estaban presentes y observaron el desarrollo de las etapas del día de la votación. Las 200 mesas de sufragio se instalaron y funcionaron todas sin interrupción hasta el cierre de la votación y el escrutinio de las cédulas. La organización física de las cámaras secretas dejaba que desear en unas diez mesas de sufragio que no garantizaban de manera perfecta el carácter secreto del voto. Pero a raíz de los comentarios de los observadores, los responsables de estas mesas de sufragio hicieron las correcciones necesarias en la mayor parte de los casos. Algunas personas se presentaron como personeros de la opción del SÍ para observar el proceso en varias mesas de sufragio, cuando la inscripción oficial se había terminado el día anterior. Como consecuencia, se les negó el acceso.

Algunos casos de publicidad a favor del NO se notaron en la ciudad el día de la votación, en violación del reglamento electoral. De manera general, los miembros de mesa asumieron su cargo de manera bastante ejemplar, tomando en cuenta las normas observadas durante las elecciones nacionales pasadas. El personal que coordinaba la buena marcha en cada local de votación supo actuar de manera satisfactoria y eficaz, dado su número limitado.

El traslado de los resultados parciales hacia el centro de cómputo de los votos se llevó a cabo con algunos retrasos, pero sin problema y en presencia de observadores. La verificación de las hojas de resultados parciales que se hizo antes de entrar los datos en la computadora no pudo ser accesible a los observadores internacionales. Sólo Transparencia-Piura se hallaba presente ya que, por una razón inexplicada, la policía prohibía a los demás observadores la entrada en el auditorio. Después de varios minutos de discusión entre la policía y los observadores internacionales, éstos últimos pudieron entrar en el auditorio y observar el proceso de entrada de los resultados parciales en la computadora y la proclamación de los resultados finales por el comité electoral.

Los resultados oficiales de la consulta son los siguientes: para una población total de 36,937 electores inscritos, se emitieron 27,015 cédulas, lo que significa que la tasa de participación fue del 73,14%. El NO ganó con 25 381 votos, o sea el 93,95% de los votos emitidos tomando en cuenta los votos nulos y los votos en blanco. El SÍ obtuvo 347 votos, o sea el 1,28% de los votos emitidos. Las cédulas en blanco eran 398, o sea el 1,47%; los votos nulos eran 889, o sea el 3,29%. Tomando en cuenta solamente las cédulas a favor del SÍ y del NO, el NO ganó con 98,65%. La tasa de ausentismo fue del 26,8%, un promedio muy honorable ya que la votación no era obligatoria - contrariamente a la práctica vigente en el caso de elecciones oficiales - y que la tasa de ausentismo en las elecciones generales de 2001 había sido del 15% en el distrito.

Frente a estos resultados, el gobierno peruano reaccionó con mucha reserva, es decir que consideró primero y antes de todo el mecanismo previsto por la ley, el del depósito del EIA y el proceso de las audiencias públicas del INRENA, como etapas previas a la toma de decisión gubernamental respecto al porvenir del proyecto de Manhattan Sechura en Tambogrande. El Ing. Jaime Quijandría Salmón, Ministro de Energía y Minas, repitió que la consulta vecinal no tenía ninguna validez legal. Sin embargo, en una reunión con los miembros de la misión, el Ing. César Polo, Viceministro de Minas, reconoció que el resultado de la consulta revelaba una oposición tan mayoritaria a la actividad minera que el gobierno no podía ignorar la consulta.

Los resultados provocaron reacciones muy críticas e incluso intolerantes por parte de ciertos sectores y medios de comunicación peruanos. Una campaña con el objeto de demostrar que la población de Tambogrande hubiera sido manipulada por grupos y organizaciones radicales, nacionales, pero sobre todo internacionales, se opuso al deseo de los promotores de la consulta de demostrar la validez y la fuerza del resultado de la votación. La misión lamenta que la organización OXFAM Gran Bretaña haya sido acusada, de manera completamente gratuita, en las páginas de la respetada revista Caretas, de ser infiltrada por grupos terroristas o de representar a fuerzas que tendrían como objetivo el de impedir el desarrollo económico del Perú.

Conclusiones

Nuestra misión atestigua el carácter pacífico y ciudadano del proceso de consulta que se desarrolló el 2 de junio de 2002 en Tambogrande. La reunión que tuvo lugar en la oficina del Defensor del Pueblo el día siguiente de la consulta permitió confirmar que no se había informado de ninguna queja o denuncia de incidente. Además, observamos que los efectivos de la policía nacional enviados para asegurar el orden y la seguridad de las mesas de sufragio y durante el traslado del material electoral cumplieron sus funciones de manera ejemplar y en un espíritu de colaboración cívica.

La consulta vecinal de Tambogrande puede calificarse de libre, democrática y transparente, en la medida en que los ciudadanos pudieron expresar su opinión por voto secreto, con la garantía efectiva de que el cómputo de los votos se hacía de manera correcta. Los procedimientos y normas utilizados eran poco más o menos idénticos a los de una elección general peruana. La tasa de participación elevada y el NO masivo expresado por los electores permite afirmar que la mayoría de la población de Tambogrande se opone al desarrollo de la actividad minera en su región en el contexto actual, y sobre la base de la información de la que disponía en el momento de votar.

A la luz de los hechos analizados en este informe, es importante resumir cuales son los puntos de vista completamente distintos sobre el significado de la consulta que pudimos observar:

1) Por un lado, la población y las autoridades locales pensaron que era necesario crear un mecanismo mediante el cual se podría expresar la opinión pública popular sobre la oportunidad de desarrollar actividades mineras en su región. Una gran mayoría estimaba que después de tres años de experiencia y reflexión al respecto, con un largo período de coexistencia con la compañía misma, la población estaba capacitada para tomar posición. Este mecanismo de participación popular, que no existe en la legislación actual como elemento para tomar una decisión relativa al otorgamiento de concesiones mineras, o el otorgamiento de una autorización para operar una explotación minera, tenía como objetivo satisfacer las necesidades siguientes:

1. Remediar la instabilidad y la incertidumbre que afectan la región de Tambogrande desde que se otorgaron las concesiones mineras a la compañía Manhattan Minerals Corp.
2. Proporcionar un mecanismo mediante el cual la oposición de gran parte de la población, y la opinión de la población en general, pudiera expresarse de manera pacífica y transparente

 

2) Desde el punto de vista del gobierno y del Estado peruano, la consulta vecinal del 2 de junio de 2002 no puede acabar con el proyecto minero en Tambogrande, ya que el marco normativo prevé un proceso de evaluación del EIA como condición previa a la toma de decisión de las autoridades competentes.

Frente a las preocupaciones de la población de Tambogrande y a las presiones políticas del Frente de Defensa y de sus aliados en la sociedad civil peruana, el gobierno actual hizo varias propuestas interesantes para ampliar el proceso de participación de los ciudadanos y de revisión independiente del EIA. El análisis del conflicto demuestra que estas propuestas se dieron en un contexto donde varios sectores de Tambogrande dudaban de la imparcialidad del Estado (ya que se supone que posee el 25% de las acciones de la mina) y consideraban las audiencias públicas como una simple operación de justificación del proyecto por sus promotores más que como una consulta permitiendo a la población tener un peso político real en la toma de decisión.

La responsabilidad de las autoridades municipales y la participación de la sociedad civil en la planificación del desarrollo destacaron como un tema fundamental en la iniciativa de la consulta vecinal. En las prácticas vigentes en el Perú en el marco de otros proyectos mineros, el desarrollo local y regional se subordina a la actividad minera y a la buena voluntad de la empresa privada de contribuir financieramente a diversos proyectos de desarrollo socioeconómico. Dicho de otro modo, ningún marco institucional define en el presente los procesos y criterios de la participación de la población en las negociaciones sobre el establecimiento de actividades mineras en una región.

Sin embargo, la transición hacia la democracia, iniciada en noviembre de 2000 y continuada por el gobierno actual concede un lugar importante a la participación de la sociedad civil y la concertación entre los actores políticos, económicos y sociales, como lo demuestra el actual proceso de Diálogo Nacional que debe llevar a la firma de acuerdos sobre las prioridades del país.

La consulta vecinal del 2 de junio de 2002 demostró la necesidad para el gobierno peruano de proceder a un examen completo de los mecanismos de planificación y aprobación de los proyectos de desarrollo, en el sector minero o en otro, para que las poblaciones locales pudieran expresarse en cuanto a sus necesidades y prioridades y que la utilización del territorio y la explotación de los recursos naturales se acompañaran de un proceso de concertación y de planificación bajo la responsabilidad conjunta del gobierno central y de los gobiernos regionales. El Perú se encuentra en pleno debate nacional y legislativo en torno a la cuestión de la descentralización, que es una prioridad del gobierno y de una gran mayoría de actores sociales y políticos. En noviembre de 2002, los gobiernos regionales van a ser elegidos por sufragio universal por primera vez, y hay quienes piden que la reforma constitucional también en curso les otorgue los recursos necesarios para ampliar sus responsabilidades.

Frente al problema más inmediato del proyecto minero en Tambogrande, la misión quiere recordar el hecho de que la compañía Manhattan no ha presentado todavía el EIA del proyecto Tambo Grande, lo que contribuye a prolongar la incertidumbre frente a las orientaciones del desarrollo de la región. La compañía tiene hasta el mes de mayo de 2003 para ejercer su derecho de presentar un proyecto de explotación minera. Sin embrago, hay que tomar en cuenta el hecho de que la revisión del EIA exige algunos meses. Los numerosos aplazamientos de la fecha de entrega del EIA se pueden atribuir no sólo a las dificultades encontradas por la compañía en sus relaciones con la comunidad, como lo atestiguan los violentos acontecimientos de febrero de 2001, sino también a la decisión de las autoridades municipales de tener una consulta vecinal ya en octubre de 2001.

El gobierno peruano y la compañía Manhattan dicen que reconocen que la implementación del proyecto requiere el consentimiento de la población local. En efecto, la noción de "licencia social" se reconoce cada vez más en el área de las inversiones mineras y otras actividades de explotación de recursos naturales como un requisito esencial para asegurar la estabilidad y la prosperidad de los proyectos implementados, pero también para que de tal manera éstos respeten los derechos de las poblaciones locales.

Sobre la base del análisis presentado en este informe, Derechos y Democracia propone las recomendaciones siguientes a la consideración de las entidades correspondientes:

Al gobierno peruano:

1. Reconocer públicamente la validez y la legitimidad del resultado de la consulta vecinal de Tambogrande del 2 de junio de 2002, que establece sin equívoco la oposición de la mayoría de la población local al desarrollo de una actividad minera en su distrito.



2. Llevar a cabo la reforma de la ley sobre participación ciudadana en el marco de los proyectos mineros, sobre la base de las propuestas hechas por el gobierno actual a la población de Tambogrande, para tomar en cuenta los elementos siguientes: que haya un mayor plazo entre la convocación a las audiencias públicas y la participación en las mismas, para que los ciudadanos puedan detalladamente estudiar el EIA; organizar varias audiencias públicas, incluso en la localidad donde debería realizarse el proyecto minero; organizar para la población interesada y antes de las audiencias públicas, talleres de información y de divulgación, financiados por el Estado, pero bajo la responsabilidad de expertos independientes.



3. Armonizar los mecanismos de planificación del desarrollo, al nivel local, regional y nacional. Siendo de gran importancia el sector minero para el desarrollo económico del Perú, los mecanismo y procesos mediante los cuales los proyectos mineros se discuten y aprueban, y su articulación con las prioridades del desarrollo al nivel local, regional y nacional, deben formar parte del debate sobre las modalidades de la descentralización política y administrativa que se está llevando a cabo en la actualidad.

 

Al gobierno canadiense:

1. Recomendar a la empresa Manhattan Minerals Corp. que reconozca la legitimidad del resultado de la consulta vecinal del 2 de junio de 2002. Paralelamente a su papel de promoción de las inversiones canadienses en el extranjero, el gobierno canadiense tiene el deber de promover la responsabilidad ética de las empresas canadienses que operan en el extranjero.



2. Seguir cooperando con el Estado peruano para modernizar las normas y mecanismos de evaluación y el seguimiento de las actividades mineras, para aumentar las exigencias en materia de impacto ambiental y de impacto sobre los derechos humanos de las poblaciones locales.



3. Actuar para que la agencia gubernamental Export Development Canada (Desarrollo de las Exportaciones de Canadá) elabore criterios de evaluación del impacto sobre los derechos humanos de las poblaciones locales respecto a los proyectos de inversión que financia. Los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, como los Pactos sobre derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, deben servir para la elaboración de estos criterios. Éstos deben incluir asimismo la obligación de consultar a la sociedad civil y a las poblaciones locales, además de los gobiernos, en el desarrollo de los proyectos, incluyendo planes de compensación justos y equitativos para el conjunto de los ciudadanos afectados por los proyectos.

 

A la compañía Manhattan Minerals Corp:

1. Reconocer públicamente la legitimidad de la consulta vecinal del 2 de junio de 2002, así como la validez de sus resultados.



2. Someter el EIA del proyecto Tambo Grande cuanto antes.

 

Notas

1.--   Stéphanie Rousseau (srousseau@ichrdd.ca) es coordinadora interina del Programa sobre desarrollo democrático en Derechos y Democracia. François Meloche (fmeloche@investissementresponsable.com) es analista del Groupe Investissement Responsable, que es una división de Demers Conseil, con sede en Montreal, Canadá. Los autores quieren agradecer calurosamente a Guillermo Salas (salas.g@pucp.edu.pe ou guillesalas@yahoo.com), antropólogo peruano, que acompañó a la misión y contribuyó al análisis presentado en este informe.   Volver

2.--   Se trata de una consulta organizada por la municipalidad, con voto secreto de todos los ciudadanos de Tambogrande inscritos en el padrón electoral nacional.   Volver

3.--    Manhattan Sechura es una filial de Manhattan Minerals Inc., con sede en Vancouver, Colombia Británica, Canadá.   Volver

4.--   Juan Aste Daffos, ECO, mayo de 2001, citado en el Suplemento publicado en El Tiempo, Piura, domingo 19 de agosto de 2001.   Volver

5.--   Centromin Perú S.A. www.centromin.com.pe   Volver

6.--    Centromin Perú S.A.   Volver

7.--   Minas y Petroleo, Lima, Perú, 16 de mayo de 2002.   Volver

8.--    Manuel Pulgar Vidal, "Recursos naturales y lucha contra la pobreza: Una articulación posible?", Ponencia presentada en Puno, Perú, en el seminario SEPIA IX, 22-24 de octubre de 2001, pág. 16.   Volver

9.--   Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), documento presentado en la 2a reunión del Grupo Asesor, Coordinadores y Observadores del Proyecto MMSD América del Sur, Lima, 24 y 25 de septiembre de 2001.   Volver

10.--   Pulgar Vidal, op.cit., pág. 6.   Volver

11.--    Pasco-Font y al 1999.   Volver

12.--    Pulgar Vidal, op.cit., pág.16.   Volver

13.--   Bloomberg, 21 de mayo de 2002.   Volver

14.--   Manhattan Minerals Corp., Rapport annuel (Informe anual), 2001.   Volver

15.--    Involuntary Resettlement - Operational Directive 4.30, (Reasentamiento involuntario - Directriz Operacional 4.30) http://www.ifc.org/enviro/EnvSoc/Safeguard/Resettlement/resettlement.htm   Volver

16.--   Breaking New Ground: Mining, Minerals, and Sustainable Development, mayo de 2002, informe del International Institute for Environment and Development para el Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD). Entre los patrocinadores del MMSD, están : Alcan, Alcoa, Barrick Gold, BHP Billiton, De Beers, Freeport-McMoran, Noranda, Placer Dome, Rio Tinto, Teck Cominco. Para mayores informaciones: www.iied.org/mmsd   Volver

17.--   Robert Moran, Una mirada alternativa a la propuesta de minería en Tambogrande, Perú, Oxfam America-Mineral Policy Center-Environmental Mining Council of British Columbia, agosto de 2001, 25 págs.   Volver

18.--   Ideele, "La bronca de Tambogrande", Lima: IDL, marzo de 2001, pág. 88. Las demandas judiciales contra varios dirigentes del Frente todavía siguen pendientes.   Volver

19.--   Es importante notar que ninguna de estas acusaciones quedó acompañada de pruebas sustanciales.    Volver

20.--   En su resolución N° 020-2002-J/ONPE del 17 de enero de 2002, la ONPE explicó que ninguna obligación se derivaba para ella de la voluntad de la municipalidad de organizar una consulta vecinal. Sin embargo, en la misma resolución, la ONPE decide apoyar con asesoría técnica a la municipalidad de Tambogrande. Un mes antes de la consulta vecinal, la ONPE cambia bruscamente de postura publicando la resolución N° 137-2002-J/ONPE, en la que anula su compromiso a proporcionar servicios de asesoría técnica y de préstamo de material electoral, alegando una falta de recursos financieros.   Volver

21.--   Para más detalles sobre la observación de la jornada electoral, se pueden consultar los informes de Transparencia-Piura y del Instituto de Estudios Electorales, dos organismos no gubernamentales de observación electoral peruanos presentes en Tambogrande el 2 de junio de 2002.   Volver

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